Requisitos bancarios para locales o extranjeros

 

LEY GENERAL DE BANCOS

 EL TRIUNVIRATO

 

En Nombre de la República Dominicana

 HA DADO LA SIGUIENTE LEY

 LEY No. 708. De fecha 14 de abril l965

 CAPITUL0 I

 

ARTÍCULO 1.- La aplicación y administración del régimen legal de los bancos estará a cargo del Superintendente de Bancos, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas.

ARTÍCULO 2.- El Superintendente de Bancos será nombrado por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3.- Las resoluciones e interpretaciones que en la esfera de sus atribuciones adopte el Superintendente de Bancos serán obligatorias y de ellas podrá apelarse ante la Junta Monetaria, salvo cuando se trate de asuntos relativos al Banco Central, caso en el cual las apelaciones se interpondrán por instancia ante la Suprema Corte de Justicia, que conocerá de las mismas en Cámara de Consejo.

ARTÍCULO 4.- El Superintendente de Bancos podrá asistir a las sesiones de la Junta Monetaria por invitación de la misma y podrá ser consultado por ésta o por el Gobernador del Banco Central en relación con las cuestiones que correspondan a la Superintendencia.

ARTÍCULO 5.- El Superintendente de Bancos deberá ser persona de reconocida habilidad y experiencia en la contabilidad y práctica bancaria. Los inspectores de la Superintendencia de Bancos deberán ser personas con conocimientos en la contabilidad o tener preferiblemente el grado de contador público. El superintendente y sus subalternos no podrán ser directores, gerentes, socios, accionistas, administradores o empleados en cualquier entidad sometida al control de la Superintendencia, ni solicitar o aceptar préstamos de dichas instituciones o empresas, salvo previa autorización del Secretario de Estado de Finanzas. Tampoco podrán aceptar directa o indirectamente de las mencionadas instituciones o empresas o de sus directores, socios, accionistas, gerentes, administradores o empleados, ninguna clase de promesa o gratificación. La transgresión de lo dispuesto en este artículo será sancionada con la destitución, sin perjuicio de las demás sanciones legales.

ARTÍCULO 6.- El Superintendente tendrá a su cargo, principalmente, las siguientes funciones:

a) Realizar, por lo menos una vez al año, en una fecha que no será revelada de antemano, una inspección general y detallada de todos los bancos. Con base en dicha inspección deberá clasificar cada uno de los préstamos de inversiones de cada banco según sean 1) al día, 2) atrasado, 3) dudosos, y 4) de pocas perspectivas de ser cobrados. Igualmente deberá revisar, documento por documento, la clasificación que los bancos hayan dado a su cartera según el destino de los créditos, de acuerdo con la clasificación establecida por la Junta Monetaria; 

b) Informar por escrito al directorio, o en su caso, al oficial ejecutivo de cada banco inspeccionado, sobre el resultado de la inspección general o del estudio que haga de los certificados de inspección, puntualizando las irregularidades comprobadas, si las hubiere, y proponer la manera de corregirlas; presentar un informe completo sobre la posición del Banco, cuando juzgue conveniente, y formular cualesquiera observaciones y recomendaciones que estime de lugar;

c) Participar al Secretario de Estado de Finanzas el cumplimiento de las inspecciones que realice e informarle sobre las irregularidades o faltas de carácter grave que advirtiere en cualquier oportunidad en las operaciones de cualquier banco que pongan en peligro los intereses de los depositantes y de otros acreedores, debiendo señalar en su informe las medidas adoptadas para corregir las irregularidades o faltas observadas;

d) Informar a la Junta Monetaria sobre las violaciones de carácter grave en que incurran los bancos de aquellas disposiciones legales cuya aplicación esté al cuidado de dicha Junta o de las normas que ésta haya adoptado en virtud de los poderes que le otorgan esta Ley, la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Monetaria, e informar asimismo sobre las demás comisiones que le sean confiadas por la Junta Monetaria dentro de sus atribuciones legales;

e) Hacer una comprobación, sin aviso previo, por lo menos una vez por semestre, de los billetes no emitidos y de las monedas en poder del Banco Central y de las existencias de billetes y monedas en los demás bancos;

f) Colaborar con el Gerente del Banco Central, los Administradores Generales del Banco de Reservas y del Banco Agrícola y con los oficiales ejecutivos de los demás bancos, para asegurar la corrección de las operaciones y el fiel cumplimiento de la legislación bancaria, de los reglamentos y de las resoluciones de la Junta Monetaria;

g) Promover, en colaboración con el Director el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central y con los oficiales ejecutivos de los demás bancos, un sistema claro y uniforme de la contabilidad e informes de bancos, y vigilar la publicación de los datos bancarios ordenada por esta ley;

h) Ejercer las demás funciones e intervenir en otros asuntos de su competencia relacionados con el interés de las instituciones o empresas sometidas a su control o con el interés de sus acreedores;

ARTÍCULO 7.- Las entidades o empresas sujetas a las disposiciones de esta Ley costearán los servicios de inspección o supervisión con cuotas anuales que serán determinadas en cada caso por la Junta Monetaria, pero que no podrán exceder del 1/20 del 1% del activo de cada institución. Si la suma resultare insuficiente, la diferencia será cubierta por la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 8.- El Superintendente de Bancos podrá contratar los servicios de firmas especializadas en intervención y fiscalización de cuentas, de reconocido prestigio, para colaborar en sus funciones.

 

CAPÍTULO II

 

ARTICULO 9.- Toda persona o entidad, pública o privada, que se dedique dentro del territorio de la República en forma habitual y sistemática a negocios de préstamos de fondos obtenidos del público en forma de depósitos, títulos u otras obligaciones de cualquier clase, será considerada como banco a los efectos de esta Ley, y como tal sujeta a sus disposiciones y a las pertinentes de la Ley Orgánica del Banco Central de la República Dominicana de la Ley Monetaria y de las demás leyes y regulaciones dictadas sobre la materia. Cuando esta Ley se refiere en lo adelante a "bancos comerciales" se entenderá que son aquellos que reciben depósitos del público a la vista y sujetos a cheques. Los casos dudosos serán resueltos por el Superintendente de Bancos, quien podrá exigir la presentación de libros y papeles comerciales de la persona o entidad cuyas actividades susciten la duda.

Las personas y entidades que acepten depósitos en forma ocasional, no serán consideradas como bancos pero podrán ser sometidas a un régimen especial que dictará la Junta Monetaria. Dicho régimen se referirá especialmente a la contabilidad que tales personas y entidades deberán llevar, a las garantías que deberán ofrecer y a las inspecciones del Superintendente de Bancos. Sin embargo, en ningún caso podrá autorizarse la emisión de cheques contra depósitos no constituidos en bancos o sus sucursales y agencias. 

La Junta Monetaria podrá, asimismo, regular las actividades de las personas y entidades que actúen como agentes de bancos. 

ARTÍCULO 10.- Se requerirá, por la mediación del Superintendente de Bancos, y previo el dictamen de éste, la autorización de la Junta Monetaria para los siguientes efectos:

a) El uso de la palabra "banco", "banquero" y "bancario" en cualquier idioma o en cualquier forma, en la firma o razón social de cualquier persona o entidad; 

b) La apertura de un nuevo banco o de una nueva sucursal o agencia bancaria;

c) La fusión de dos o más bancos cuando no se trate de la venta del negocio entero de un banco a otra institución;

d) La modificación de los estatutos o del capital de un banco.

A las sucursales de bancos extranjeros se aplicarán los requisitos del inciso d) de este artículo, solamente con relación al capital que tengan en la República y a los estatutos que rijan sus operaciones locales.

ARTICULO 11.- Sólo las compañías por acciones constituidas de acuerdo con las leyes de la República Dominicana expresa y exclusivamente para dedicarse a los negocios de banca, y las sucursales o agencias de instituciones bancarias extranjeras, debidamente autorizadas para tales operaciones en el país de origen, podrán ser autorizadas para los efectos del artículo 10.

El Superintendente de Bancos y la Junta Monetaria requerirán de todo solicitante la presentación de los datos e informaciones que consideren necesarios. Cuando se trate de una solicitud para la apertura de un nuevo banco, requerirán especialmente: 

a) El nombre y apellido o la designación comercial, la profesión, domicilio y nacionalidad de los fundadores u organizadores; 

b) La denominación de la compañía;

c) Las operaciones que se propone realizar; 

d) El domicilio legal y la localidad en que la oficina central, la sucursal o agencia tendrán su asiento;

e) El monto del capital pagado con el que la compañía comenzará sus operaciones públicas;

f) Una copia de los estatutos y de sus enmiendas o modificaciones, el número de los directores, sus nombres y apellidos, profesión, domicilio y nacionalidad, el número de acciones poseídos por los mismos, y la fianza presentada o la prenda constituía en garantía del buen desempeño de sus funciones; 

g) El nombre y apellido, profesión, domicilio y nacionalidad de sus funcionarios ejecutivos y fiscalizadores.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 9 1/ y en el presente artículo las entidades oficiales de crédito creadas o que se reabren por leyes especiales dentro del régimen legal de la moneda y de la banca, así como las sucursales de bancos extranjeros que operen actualmente en la República 

ARTICULO 12.- Cuando se trate del establecimiento de una sucursal o agencia de un banco extranjero, que no sea uno de los bancos extranjeros ya establecidos en al República, se exigirán además de los requisitos enumerados en el artículo 11, dos copias debidamente legalizadas de los siguientes documentos; 

a) El acto constitutivo y los estatutos en el país de origen; 

b) La autorización legal que ampara su existencia en el país de origen; 

c) La prueba de que el banco puede legalmente, de conformidad con sus estatutos y con las leyes del país de origen, establecer sucursales y agencias en la República; 

d) El nombre del representante o representantes legales, encargados de la administración de la sucursal o agencia en la República, y sus facultades y pudores;

e) Los balances generales, y las memorias anuales del banco correspondientes a los últimos 5 años que lleva de existencia si fuesen menos; 

f) La declaración del capital y reservas, asignado a la sucursal para sus propias operaciones;

g) La Gaceta Oficial contentiva del decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la fijación de domicilio de la institución en la República. 

ARTICULO 13.- Antes de concederse la autorización solicitada para los efectos del Art. 10, la Junta Monetaria se cerciorará, mediante las investigaciones que considere necesario efectuar, de que:

a) El interés público y las condiciones económicas generales y legales justifican la concesión de la autorización solicitada; 

b) La seriedad, la responsabilidad y otras calificaciones de los solicitantes inspiran confianza.

El aviso de constitución de una compañía por acciones formada con el propósito de dedicarse a negocios bancarios deberá contener, además del extracto requerido por Art. 42 del Código de Comercio, la mención de la autorización de la Junta Monetaria requerida en el Art. 10 de esta Ley, así como los datos indicados en el artículo 11. 

ARTICULO 14.- Las decisiones de la Junta Monetaria contentivas de las autorizaciones que dicte en virtud del Artículo 10 serán publicadas por los interesados, antes de iniciar sus operaciones, en la Gaceta Oficial, y por lo menos, en un diario de circulación nacional, con un extracto de los datos enumerados, según el caso, en los artículo 11 y 12 de la presente Ley. 

ARTICULO 15.- Antes de iniciar sus operaciones, las sucursales o agencias de los bancos extranjeros, que en adelante se establezcan en el país, deberán demostrar la radicación en el país del capital y las reservas que les hayan sido asignado, de acuerdo con lo que en cada caso resuelva la Junta Monetaria. 

ARTICULO 16.- Las sucursales o agencias de los bancos extranjeros establecidos en la República o que en adelante se establezcan, no estarán obligados a tener un directorio para la administración de sus negocios dentro del territorio de la República, pero dichos bancos deberán tener uno o más mandatarios domiciliados en la República, bajo la responsabilidad directa de la casa matriz y ejecutar en su nombre las operaciones ordinarias dentro de las atribuciones de la sucursal o agencia.

ARTÍCULO 17.- Los activos que tengan en la República los bancos extranjeros, incluidos los que representan el capital y las reservas de las sucursales o agencias, responderán preferencialmente a las obligaciones de dichos bancos en la República.

 

CAPITULO III 

CAPITAL Y RESERVAS

 

ARTICULO 18.- En cualquier tiempo en que la proporción de capital pagado y reservas de un banco se reduzca a menos de un 10% de su activo, excluido el encaje y demás efectivos, así como los depósitos del banco en bancos del exterior, o cuando dicho capital y reservas se redujera de los mínimos señalados en el artículo siguiente, el Superintendente de Bancos, con la aprobación de la Junta Monetaria, deberá disponer que una parte o toda la utilidad neta del banco se incorpore a las reservas y limitar o prohibir la realización de nuevos préstamos o inversiones hasta llegar a la proporción requerida, siempre que ello, a juicio de la Junta Monetaria, no contribuya a acentuar tendencias deflacionarias. 

Cuando un banco, por motivos atinentes a su propia gestión e independientes de la situación económica general, tuviera una deficiencia grave y persistente en dicha proporción, y no presentare al Superintendente de Bancos un plan satisfactorio para eliminarla en un tiempo prudencial, éste podrá pedir, con la aprobación de la Junta Monetaria, la liquidación de tal banco a la autoridad judicial competente.

ARTICULO 19.- Las compañías por acciones que se organicen de acuerdo con las leyes de la República para dedicarse en lo sucesivo a los negocios de banca, que tengan su oficina principal o una sucursal en la ciudad de Santo Domingo, deberán tener un capital suscrito y pagado de no menos RD$300,000.00; las demás, que no tengan su oficina principal o sucursal en dicha localidad, deberán tener un capital suscrito y pagado de no menos RD$100,000.00. En ambos casos, dichas compañías deberán establecer adicionalmente un fondo de reservas no menor del 20% del valor de su capital. Cualquier banco extranjero o cuya propiedad esté mayoritariamente en manos de no residentes que se establezcan en lo adelante deberá integrar, antes de iniciar sus operaciones, un capital no menor de RD$1,000,000.00, más un fondo de reserva no menor de 20%. Además del capital mínimo requerido, cada banco deberá tener un capital, por encima del capital mínimo, equivalente al 20% de dicho capital mínimo multiplicado por el número da oficinas, sucursales o agencias que tenga autorizadas, excluyendo su oficina principal. En caso de nuevas solicitudes para oficinas en ciudades donde no existan servicios bancarios, el requisito de capital será de sólo 10% del capital mínimo requerido. Esto no se aplicará, sin embargo, más que en los casos de solicitudes para oficinas hechas con posterioridad a la promulgación de esta Ley. 

TRANSITORIO.- Los bancos que a la fecha de promulgación de esta Ley no llenen los requisitos de capital adicional en base al número de oficinas que tengan autorizadas tendrán un plazo de dos años para efectuar el aumento de su capital.

 

CAPÍTULO IV 

DEPÓSITOS Y ENCAJES LEGALES

 

ARTÍCULO 20.- El término "depósitos a la vista" designará todos los depósitos exigibles a la vista por cheque. El término "depósitos de ahorro" designará los depósitos que no sean exigibles a la vista por cheque, que se hagan bajo esa designación y estén sujetos a disposiciones especiales en cuanto a su monto, interés o extracciones. El Superintendente de Bancos podrá establecer normas uniformes para estos depósitos, salvo en lo relativo a la fijación de tasas de interés reservada a la Junta Monetaria. 

El término "depósitos a plazo" designará todos los depósitos que se hagan por un plazo fijo o por un plazo indefinido con la condición de no ser retirados sino mediante un aviso previo. 

El término "depósitos especiales" designará a todas las obligaciones de depósito que no sean depósitos a la vista, de ahorros o a plazo.

En ningún caso un banco puede pagar intereses sobre depósitos a la vista.

En casos dudosos la Junta Monetaria, después de oída la opinión del Superintendente de Bancos, decidirá sobre la clasificación de los depósitos.

ARTICULO 21.- En caso de quiebra o liquidación de un banco, los depósitos de ahorros tendrán privilegio hasta RD$3,000.00, por persona o entidad sobre la generalidad de los activos de dicho banco, inmediatamente después de las otras categorías de créditos privilegiados que puedan existir de conformidad con las leyes y de aquellos que estén garantizados por afectaciones especiales. Los depósitos de sociedades mutualistas o cooperativas o de sindicatos tendrán el mismo privilegio hasta RD$10.000.00.

 

ARTÍCULO 22.- Todo banco comercial, privado u oficial, nacional o extranjero, deberá mantener encajes legales en la proporción y forma indicada por la Junta Monetaria de conformidad con los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica del Banco Central.

Las existencias de billetes y monedas que un banco con la autorización de la Junta Monetaria mantenga como parte de su encaje legal, deberán ser revisados por el Superintendente de Bancos por lo menos una vez por semestre, de acuerdo con el inciso e) del artículo 6 de esta Ley.

En la misma forma y condiciones deberán ser revisados los valores del Estado que un Banco tenga en su cartera en las circunstancias indicadas en el inciso e) del artículo 63 de la Ley Orgánica del Banco Central. 

Los depósitos a cargo de las oficinas, sucursales o agencias que tenga un banco en el país serán considerados en su conjunto para el cálculo de los encajes legales. 

ARTÍCULO 23.- El encaje legal se calculará sobre la base de los depósitos de cada día, en forma que determine la Junta Monetaria. Sobre las deficiencias que se produjeren el banco responsable pagará inmediatamente al Banco Central un décimo del uno por ciento por día, suma que ingresará a un fondo destinado a coadyuvar en los gastos en que incurra la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, la Junta podrá determinar que las deficiencias que se produjeren en uno o más días se compensen con los excesos de otros días, dentro de un período prudencial fijado por la misma. El Banco Central podrá hacer los cargos que fueren necesarios en las cuentas correspondientes del banco responsable, así como ejercer las acciones que fueren de lugar para obtener el pago de esa obligación. En el caso en que un banco tuviere deficiencias prolongadas o repetidas de encaje legal, la Junta Monetaria podrá limitarle o prohibirle la realización de nuevos préstamos o inversiones y disponer que parte o toda la utilidad neta del ejercicio en que ocurriere la deficiencia, se destine a fortalecer la situación del banco. 

Si la deficiencia fuere grave y persistente y el banco en defecto no presentare medidas satisfactorias para corregirla en un tiempo prudencial, el Superintendente de Bancos, con la aprobación de la Junta Monetaria, podrá solicitar la liquidación de tal banco a la autoridad judicial competente.

 

CAPITULO V

OPERACIONES BANCARIAS

 

ARTÍCULO 24.- Los bancos podrán efectuar las operaciones de carácter bancario y los demás negocios que ordinariamente realizan las empresas bancarias, inclusive la colocación de valores por cuenta propia o a comisión, siempre que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentos pertinentes. El Superintendente de Bancos hará uso de las facultades que le otorga esta Ley para resolver cualquier duda sobre el carácter o propiedad de la operación.

ARTÍCULO 25.- Se prohíbe a todo banco, sucursal o agencia bancaria, establecida en la República: 

a) Adquirir o conservar en forma permanente bienes raíces que no sean necesarios para el uso del Banco, de sus sucursales o agencias. 

Los bienes raíces que se encuentren bajo el dominio de un banco a la fecha de la promulgación de esta Ley, y que no están destinados a su uso propio, así como los que fueren transferido en bancos en cargo de deudas o adquiridos para la protección de sus créditos, deberán ser enajenados dentro de un plazo no mayor de 2 años, el cual podrá ser extendido por la Junta Monetaria, previo dictamen del Superintendente de Bancos: 

b) Conceder préstamos con garantías hipotecarias por montos que excedan el 60% del valor comercial de las propiedades ofrecidas en garantías, deducción hecha de todo otro gravamen, o con garantía hipotecaria que no sea del primer rango, a menos que dichas garantía tengan un carácter subsidiario. El Superintendente de Bancos podrá obligar a un banco para que establezca reservas contra los créditos hipotecarios en los cuales conforme a su opinión se hayan hecho avalúos excesivos de la garantía. 

c) Extender créditos en cualquier forma a cualquier persona o entidad privada por un monto total que exceda del 20% del capital pagado o reservas del banco. Este límite podrá ser aumentado al 30% cuando dicho aumento esté representado por obligaciones en forma de documentos negociables emitidos contra una efectiva provisión de fondos o que amparen la propiedad de verdaderos valores existentes o que lleven dos firmas responsables o estén garantizados con valores, mercancías, frutos pendientes o cosechas, o efectos de fácil realización y segura conservación. Sin embargo, previa autorización del Superintendente de Bancos, dicho límite de 30% podrá ser elevado el 50%. Los bancos extranjeros que operan en la República Dominicana, podrán tomar en cuenta, para los fines del presente inciso el capital de su casa matriz. Asimismo cuando se trate de créditos concedidos a empresas que elaboren los principales productos de exportación del país con un capital pagado no menor de cincuenta millones de pesos, el citado limite, previa autorización del poder Ejecutivo, podrá ser aumentado hasta una cantidad igual al 60% de los depósitos de cualquier clase de Banco, mas el 50% del total de capital pagado, superávit pagado y reservas, de dicho banco. En los limites indicados deben comprenderse todas las obligaciones de cualquier clase, principales o accesorios, dietas, indirectas o subsidiarias, o en forma de acciones de sociedad, a cargo de una misma persona o entidad, a excepción de las provenientes de abonos en cuenta corriente por cheques a cargo de otros bancos. En el caso e obligaciones de sociedades de cualquier naturaleza, se incluirán todas las obligaciones de las sociedades subsidiarias de las mismas, y en las de éstas las de su sociedad principal. se entenderá por subsidiarias a cualquier sociedad en la que otra sociedad controle por cualquier medio, el poder de decisión de aquellas; (*)

d) Conceder préstamos, directa o indirectamente: 

1) Con el objeto de capacitar a una persona para pagar total o parcialmente el precio de la suscripción de acciones de propio banco, quedando, exentos de esta disposición los Vales Certificados de Tesorería que el Estado haya emitido con ese fin o pueda emitir en el futuro en virtud de disposiciones legales; 

2) Con garantías de sus propias acciones; 

3) Con garantía de acciones de otros bancos en exceso del 15% del capital pagado y reservas de dichos bancos o de su propio capital pagado y reservas; 

e) Conceder préstamos directos o individuales a cualquier director de banco, salvo con la aprobación del organismo superior directivo de dicho banco, o cuando se trate de sucursales de bancos extranjeros radicados en el país con la aprobación del principal funcionario ejecutivo, quien a su vez deberá tener la aprobación de la casa matriz del banco respectivo. En caso de que el monto de los préstamos directos otorgados a cualquiera de dichos directores exceda del 5% del total de capital pagado, superávit pagado y reservas del banco, se notificará inmediatamente al Superintendente de Bancos; disponiéndose que en ningún caso el límite pueda exceder del 10% del total del capital pagado, superávit pagado y reservas de dicho Banco. Y asimismo que en ningún caso el monto total de préstamos a Directivos, en conjunto, puede exceder del 30% del capital pagado, superávit pagado y reservas de dicho Banco, salvo en casos de la autorización de la Superintendencia de Bancos, en los cuales el límite máximo sería el 50% del capital pagado, superávit y reservas del Banco. 

Queda entendido que en los préstamos directos otorgados a un director, no se computarán para esta limitación, los préstamos directos, indirectos u obligaciones de cualquier naturaleza que la sociedad comercial o compañía de la cual dicho director sea ejecutivo, administrador, accionista u obligacionista, pueda tener pendiente con el mencionado Banco. No estarán sujetos a estas restricciones los préstamos directos a empleados del banco por sumas que no excedan de RD$1,000.00 (un mil pesos oro), a condición de que dichos préstamos sean posteriormente ratificados por el órgano superior directivo de dicho Banco; 

f) Dar fianzas o contraer obligaciones por montos indeterminados, salvo los caso autorizados por el Superintendente de Bancos;

g) Comprar valores emitidos o garantizados por Estado Dominicano por un monto que, sumado al de los préstamos o inversiones hechas bajo las autorizaciones contenidas en los incisos c), d) y e) del artículo 26, excedan del total del capital y reservas del banco más los depósitos de ahorro y a plazo fijo, fondos tomados a plazos de más de un año, el 15% de los depósitos a la vista. Sin embargo, cuando se trato de los Bonos del Tesoro emitidos de conformidad con la Ley, dicho límite podrá llegar hasta en un 25% de los depósitos a la vista del banco, con la aprobación unánime de la Junta Monetaria. 

ARTÍCULO 26.- Prohibiese, además a los bancos comerciales:

a) Tomar a su cargo la administración de los bienes de sus deudores moroso por un plazo mayor de 2 años, pudiendo este plazo ser aumentado por decisión de la Junta Monetaria en caso especiales, previo el dictamen del Superintendente de Bancos; 

b) Participar directa o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola industrial o de otra clase, salvo las compras de los valores estipulados en el inciso c) de este artículo; 

c) Comprar acciones u obligaciones de otras empresas cuyo monto nominal exceda del 20% del capital pagado y reservas de cada empresa individual, exceptuando los valores que el banco adquiera transitoriamente con fines de su colocación en el mercado, en cuyo caso el banco avisará al Superintendente de Bancos, quien supervigilará la operación a fin de que no queden en su cartera por tiempo indefinido. El Superintendente podrá ordenar al banco la venta de las acciones en un momento en que el mercado sea favorable. Las medidas ordenadas al respecto por el Superintendente podrán ser apeladas ante la Junta Monetaria, cuyas resoluciones deberán ser ejecutadas por los bancos. 

El valor en los libros del banco de las acciones y obligaciones de cada empresa privada no podrá exceder del 10% del capital pagado y reservas del propio banco, y el valor total en los mismos libros del conjunto de acciones y obligaciones de empresas privadas que un banco tuviere en su portafolio no podrá exceder del 50% del capital pagado y reservas de dicho banco, a menos que tales acciones y obligaciones hayan sido adquiridas en defensa de créditos. Se requerirá la autorización del Superintendente de Bancos para tales inversiones. El Superintendente de Bancos podrá exceptuar de estas limitaciones las obligaciones de reconocida solidez y solvencia que se coticen en bolsas internacionales y acciones de compañías de cajas de seguridad o de almacenes de depósito cuyas operaciones estén íntimamente ligadas a las del banco que solicite autorización. 

d) Conceder préstamos por plazos mayores de 3 años salvo y a condición de que el total de dichos préstamos, sumado al de las inversiones en las acciones u obligaciones a que se refiere el párrafo c) no excedan en ningún caso del capital pagado y reservas del banco y siempre que dichos préstamos no tengan un plazo mayor de siete(7) años; entendiéndose que tales préstamos serán amortizados por cuotas por períodos que no excedan de un año, dentro del término convenido para los mismos y entendiéndose, además, que dichas cuotas serán uniformes con excepción de un período prudencial de gracia durante la fase inicial del préstamo; 1/ 

e) Conceder préstamos de cualquier clase por plazo mayores de un año pero menores de 3 años, a menos que dichos préstamos, sumados a los préstamos e inversiones a que refieren los incisos c) y d) de este artículo y el inciso G) del artículo 25 no excedan los límites indicados en este último inciso. 

ARTÍCULO 27.- La violación de las disposiciones de esta ley en la realización de una operación bancaria no causará la nulidad de dicha operación. 

ARTICULO 28.- Cuando el Superintendente de Bancos lo estime necesario, podrá obligar a los bancos a ajustar sus inversiones a su valor comercial, a eliminar las partidas que no representen valores reales y a disminuir prudentemente el valor de las dudosas, o a constituir reservas para ellas de acuerdo con la clasificación que deberá practicar según el artículo 6, inciso a). En caso de que las pérdidas que un banco haya sufrido produzcan el agotamiento completo de las reservas y superávit y una reducción del capital al 50%, el Superintendente de Bancos con la aprobación de la Junta Monetaria, podrá solicitar a la autoridad judicial competente, cuando no considere satisfactorias las medidas del saneamiento propuestas por tal banco, la liquidación del mismo. 

ARTÍCULO 29.- El ejercicio financiero anual de los bancos se establecerá con la aprobación del Superintendente de Bancos.

 

CAPÍTULO VI 

BALANCES E INFORMES

 

ARTICULO 30.- Será obligación de los bancos, publicar, en la forma y en la fecha prescrita por el Superintendente de Bancos, sus balances anuales correspondientes al cierre de su ejercicio financiero. 

Los bancos extranjeros publicarán el balance correspondiente a sus operaciones en el país. 

Los bancos además publicarán un estado condensado de sus operaciones al final de cada trimestre. 

ARTICULO 31.- Todo banco presentará mensualmente al Superintendente de Bancos un estado confidencial y detallado de sus operaciones en la forma prescrita por aquél y suministrará, además, cualquier información aclaratoria o ampliatoria que le requieres. Estos informes serán firmados por el oficial ejecutivo principal y por el jefe de contabilidad o sus sustitutos autorizados y demostrarán el estado en la fecha del cierre mensual de las operaciones y deberán llegar al Superintendente dentro de los 20 días siguientes a dicha fecha. 

ARTICULO 32.- Las sucursales y agencias de los bancos extranjeros que operen en el país presentarán, además, al Superintendente de Bancos, por lo menos una vez al año, el balance general y el informe anual de la casa matriz, que muestre las operaciones de la institución en su conjunto.

 

C A P I T U L O VII 

INSPECCIONES Y SANCIONES

 

ARTÍCULO 33.- Los bancos tendrán la obligación de dar acceso a su contabilidad y a todos los libros y documentos justificativos de sus operaciones, al Superintendente de Bancos y a los empleados de su dependencia. 

ARTÍCULO 34.- Los datos recogidos por el Superintendente serán de carácter estrictamente confidencial. La revelación por los funcionarios y empleados de la Superintendencia, de la Secretaría de Estado de Finanzas o del Banco Central, de cualesquiera informaciones obtenidas en el desempeño de sus funciones, será sancionada con la destitución, sin perjuicio de las otras penas aplicables. Esta prohibición no obstará la publicación de informes de carácter general ni de estadísticas bancarias consolidadas en la forma prescrita por esta Ley y por la Junta Monetaria, ni tampoco el cumplimiento de los incisos c) y d) del Artículo 6 de esta Ley.

ARTICULO 35.- Las entidades que infrinjan las disposiciones de esta Ley que no establezcan otras sanciones, serán pasibles de multa de RD$50.00 a RD$10,000.00, y las personas culpables de la infracción, que no se hallaren sujetas a mayor pena por las disposiciones del Código Penal, serán castigadas con la misma multa o con prisión de seis meses a cinco años o con ambas penas a la vez, según el monto y la naturaleza de las operaciones y la reincidencia de la infracción. Las mismas penas se aplicarán a los que infrinjan las resoluciones o normas que dentro del límite de las atribuciones que le acuerda la presente ley, dicte la Junta Monetaria. 

Sólo el Superintendente de Bancos podrá iniciar ante las autoridades judiciales competentes las acciones legales correspondientes contra la persona o entidad responsable de la infracción y únicamente en los casos en que a su juicio las faltas cometidas revistan gravedad. 

ARTICULO 36.- si el Superintendente de Bancos considerare en cualquier momento que un banco no está en buenas condiciones económicas para continuar los negocios o que sus depositantes u otros acreedores, o sus accionistas, están en peligro de ser defraudados, o si un banco no cumple las obligaciones a que se refieren los artículos 18, 23, 28 y 33 de esta Ley, dicho funcionario, con la aprobación de la Junta Monetaria podrá solicitar por instancia su liquidación al Juzgado de Primera Instancia, en atribuciones comerciales, del Distrito Judicial donde esté ubicada la oficina principal del banco de que se trate. 

El juzgado apoderado, después de oír el representante del banco afectado, dictará su decisión en el término improrrogable de 10 días. No será necesario someter este procedimiento a otras formalidades que las ya indicadas. Mientras el asunto sea decidido, el Superintendente, con la aprobación de la Junta Monetaria, podrá ordenar la suspensión temporal de las operaciones del banco a que se refiere la solicitud. 

La decisión del Juzgado de primera Instancia no será susceptible de apelación. 

Una vez dictada la sentencia que pronuncia la liquidación y notificada al banco de que se trate; el Superintendente tomará posesión del activo y pasivo del banco, de sus libros, papeles y archivos, cobrará todos los créditos y ejercerá los derechos y reclamaciones que le corresponden, atenderá al pago de las obligaciones, procediendo a la liquidación con la mayor rapidez, para lo cual podrá enajenar la propiedad mueble o inmueble y demás activos del banco. 

El Superintendente será designado liquidador en todos los casos de liquidación de un banco, y como síndico en casos de quiebra. Por el desempeño de esas funciones el Superintendente y sus funcionarios subalternos no cobrarán honorarios, sin perjuicio de que se cargue a la masa importe de los gastos en que se incurriere.

 

C A P I T U L O VIII 

RECLAMACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS

 

ARTICULO 37.- En caso de fallecimiento del titular de una cuenta bancaria, se seguirá el procedimiento siguiente, para retirar los fondos.- 

a) Hasta RD$500.00, bastará presentar al Banco, además del acta que pruebe la defunción, un Acta de Notoriedad levantada ante cualquier Juez de Paz o Notario Público del Municipio en donde se abrió la sucesión, con el testimonio de tres (3) testigos idóneos, la que dará constancia de quiénes son los herederos o sucesores del titular de la cuenta y de que el Juez de Paz o el Notario Público ha tenido a la vista la declaración jurada hecha para fines sucesorales y a que ambas concuerden. En esta misma Acta de Notoriedad los herederos o sucesores harán constar que dan mandato a una persona determinada para retirar los fondos y otorgar el correspondiente recibo de descargo al Banco. Si entre los herederos figurasen menores, sus representantes legales otorgarán a nombre de ellos este mandato por la misma acta; 

b) Por encima de RD$500.00 el banco requerirá, además del acta anterior, en la cual deberán figurar entonces siete (7) testigos idóneos, la prueba de la defunción, del pago o exoneración del impuesto sobre sucesiones y donaciones o la autorización de la Dirección General de dicho impuesto para retirar los fondos, las calidades de los herederos por los medios legales ordinarios y si las actas del Estado Civil no existe, podrán ser reemplazada por el Acta de Notoriedad antes citada, siempre que se haga constar en ella dicha circunstancia. 

En este caso el Juez de Paz o el Notario Público al levantar al acta podrá requerir a los peticionarios y aportaren cualquier prueba adicional capaz de aclarar los hechos invocados y podrá dar al pedimento la publicidad que estime conveniente para la protección de los interese de terceros; 

c) Si se trata de un legado deberá presentarse al Banco la prueba del mismo; 

d) El procedimiento establecido en esta ley se realizará libre de derechos y costas cuando la cuantía del depósito no exceda de RD$150.00; 

e) En caso de que los interesados tengan su domicilio fuera del país el procedimiento a que se refiere esta ley se levantará ante el cónsul dominicano correspondiente; 

f) El pago efectuado por una institución bancaria en conformidad al procedimiento establecido en esta ley, implicará descargo y lo liberará de toda reclamación ulterior. 

ARTICULO 38.- En las concesiones de crédito a largo plazo por parte de los bancos comerciales, ejecutadas con fondos obtenidos parcial o totalmente por créditos provenientes del Banco Central u otra institución del Estado, siempre y cuando dichos fondos hayan sido obtenidos por esta últimas instituciones, a su vez directa o indirectamente y/o parcial o totalmente, por medio de créditos de organizaciones internacionales o extranjeros, así como en el caso de que sean complementados con recursos propios del Banco Central según las disposiciones establecidas por el ordinal 3, del artículo 48 de la Ley Orgánica del Banco Central Núm. 6142, de fecha 29 de diciembre de 1962, y sus modificaciones, no se aplicarán los acápites b) y c) del artículo 25 y d) y e) del artículo 26 de esta Ley General. En estos casos las condiciones y características de dichos créditos serán reglamentadas especialmente por la Junta Monetaria.

 

C A P I T U L O IX 

MEDIO ESPECIALES DE PRUEBA EN MATERIA BANCARIA

 

ARTÍCULO 39.- Los bancos comerciales podrán hacer copias fotostáticas o mediante el proceso de micropelícula de cualesquiera cheques o efectos de comercio ya pagados.

ARTICULO 40.- Dichas copias o reproducciones serán admisibles como medios de prueba en cualquier procedimiento judicial o administrativo, a condición de que las mismas sean perfectamente legibles y se hayan obtenido en presencia del Superintendente de Bancos o del funcionario o empleado que él delegue.

ARTICULO 41.- El original reproducido por los medios citados en el artículo 39, podrá ser entregado a los interesados, a menos que sea retenido en custodia por los bancos o que su preservación en los mismos sea requerida por la Ley.

ARTICULO 42.- La adopción del sistema instituido por esta Ley, no excluirá en modo alguno la admisión del original como medio de prueba.

DADA y PROMULGADA por el Triunvirato, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos sesenta y cinco, años 122 de la Independencia y 102 de la Restauración.

Publíquese en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

Donald J. Reíd Cabral Ramón Cáceres Troncoso

 

LEY GENERAL DE BANCOS.

LEY No. 15309-OCT-47

 

CAPÍTULO I

 

ARTÍCULO 1.- La aplicación y administración del régimen legal de los bancos estará a cargo del Superintendente de Bancos, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público.

ARTÍCULO 2.- El Superintendente de Bancos será nombrado por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3.- Las resoluciones e interpretaciones que en la esfera de sus atribuciones adopte el Superintendente de Bancos serán obligatorias y de ellas podrá apelarse ante la Junta Monetaria, salvo cuando se trate de asuntos relativos al Banco Central, caso en el cual las apelaciones se interpondrán por instancia ante la Suprema Corte de Justicia, que conocerá de las mismas en Cámara de Consejo.

ARTÍCULO 4.- El Superintendente de Bancos asistirá a las sesiones de la Junta Monetaria y podrá ser consultado por ésta o por el Gobernador del Banco Central en relación con las cuestiones que correspondan a la Superintendencia.

ARTÍCULO 5.- El Superintendente de Bancos deberá ser persona de reconocida habilidad y experiencia en la contabilidad y práctica bancaria. El y sus subalternos no podrán ser directores, gerentes, socios, accionistas, administradores o empleados en cualquier entidad sometida el control de la Superintendencia, ni solicitar o aceptar préstamos de dichas instituciones o empresas, salvo previa autorización del Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Público. Tampoco podrán aceptar directa o indirectamente de las mencionadas instituciones o empresas o de sus directores, socios, accionistas, gerentes, administradores o empleados ninguna clase de promesa o gratificación. La transgresión de lo dispuesto en este artículo será sancionada con la destitución, sin perjuicio de las demás sanciones legales.

ARTÍCULO 6.- El Superintendente tendrá a su cargo, principalmente, las siguientes funciones:

a) Realizar, por lo menos una vez al año, en una fecha que no será revelada de antemano, una inspección general y detallada de todos los bancos, o requerir la presentación de certificados de inspección que, de conformidad con el Artículo 33, puedan eximir total o parcialmente de dichas inspecciones generales;

b) Informar por escrito al directorio, o en su caso, al oficial ejecutivo de cada banco inspeccionado, sobre el resultado de la inspección general o del estudio que haga de los certificados de inspección, puntualizando las irregularidades comprobadas si las hubiere, y proponer la manera de corregirla; presentar un informe completo sobre la posición del banco, cuando juzgue conveniente, y formular cualesquiera observaciones y recomendaciones que estime de lugar.

c) Participar al Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Público el cumplimiento de las inspecciones que realice e informarle sobre las irregularidades o faltas de carácter grave que advirtiere en cualquier oportunidad en las operaciones de cualquier banco que pongan en peligro los intereses de los depositantes y de otros acreedores, debiendo señalar en su informe las medidas adoptadas para corregir las irregularidades o faltas observadas.

d) Informar a la Junta Monetaria sobre las violaciones de carácter grave en que incurran los bancos de aquellas disposiciones legales cuya aplicación esté al cuidado de dicha Junta o de las normas que ésta haya adoptado en virtud de los poderes que le otorgan esta ley, y la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Monetaria, e informar asimismo sobre las demás comisiones que le sean confiadas por la Junta dentro de sus atribuciones legales;

e) Hacer una comprobación, sin aviso previo, por lo menos una vez por semestre, de los billetes no emitidos y de las monedas en poder del Banco Central, y de las existencias de billetes y monedas de los demás bancos;

f) Colaborar con el Gerente del Banco Central, los Administradores Generales del Banco de Reservas y del Banco Agrícola e Hipotecario y con los oficiales ejecutivos de los demás bancos, para asegurar la corrección de las operaciones y el fiel cumplimiento de la legislación bancaria, de los reglamentos y de las resoluciones de la Junta Monetaria;

g) promover, en colaboración con el Director del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central y con los oficiales ejecutivos de los demás bancos, un sistema claro y uniforme de la contabilidad e informes de bancos, y vigilar la publicación de los datos bancarios ordenados por esta ley;

h) ejercer las demás funciones e intervenir en otros asuntos de su competencia relacionados con el interés de las instituciones o empresas sometidas a su control o con el interés de sus acreedores.

ARTICULO 7.- Las entidades o empresas sujetas a las disposiciones de esta Ley costearán los servicios de inspección o supervisión en cuanto no se las exceptúe de ellos en virtud de lo dispuesto en el artículo 33, con cuotas anuales que serán determinadas en cada caso por la Junta Monetaria, pero que no podrán exceder del 1/20 del 1% del activo de cada institución. Si la suma resultare insuficiente, la diferencia será cubierta por la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 8.- El Superintendente de Bancos podrá contratar los servicios de firmas especializadas en intervención y fiscalización de cuentas, de reconocido prestigio internacional, para colaborar en sus funciones.

 

CAPÍTULO II

DEFINICIONES Y AUTORIZACIONES

 

ARTICULO 9.- Toda persona o entidad, pública o privada, que se dedique dentro del territorio de la República en forma habitual y sistemática a negocios de préstamos de fondos obtenidos del público en forma de depósitos, agregue títulos u otras obligaciones de cualquier clase, será considerada como banco a los efectos de esta Ley, y como tal sujeta a sus disposiciones a las pertinentes de la Ley Orgánica del Banco Central de la República Dominicana y de la Ley Monetaria. Cuando esta ley se refiere en lo adelante a "Bancos Comerciales" se entenderá que son aquellos que reciben depósito del público a la vista y sujetos a cheques. Los casos dudosos serán resueltos por el Superintendente de Bancos, quien podrá exigir la presentación de libros y papeles comerciales de la persona o entidad cuyas actividades susciten la duda.

Las personas y entidades que aceptes depósitos en forma ocasional, no serán consideradas como bancos pero podrán ser sometidas a un régimen especial que dictará la Junta Monetaria. Dicho régimen se referirá especialmente a la contabilidad que tales personas y entidades deberán llevar, a las garantías que deberán ofrecer y a las inspecciones del Superintendente de Bancos. Sin embargo, en ningún caso podrá autorizarse la emisión de cheques contra depósitos no constituidos en bancos o sus sucursales y agencias.

La Junta Monetaria podrá, asimismo, regular las actividades de las personas y entidades que actúen como agentes de banco.

ARTICULO 10.- Se requerirá, por la mediación del Superintendente de Bancos, y previo el dictamen de éste, la autorización de la Junta Monetaria para los siguientes efectos;

a) el uso de las palabras "banco", "banquero" y "bancario", en cualquier idioma o en cualquier forma en la firma o razón social de cualquier persona o entidad;

b) la apertura de un nuevo banco o de una nueva sucursal o agencia bancaria;

c) la fusión de dos o más bancos cuando no se trate de la venta del negocio entero de un banco a otra institución;

d) la modificación de los estatutos o del capital de un banco.

A las sucursales de bancos extranjeros se aplicarán los requisitos del inciso d) de este artículo, solamente con relación al capital que tengan en la República y a los estatutos que rijan sus operaciones locales.

ARTICULO 11.- Sólo las compañías por acciones constituidas de acuerdo con las leyes de la República Dominicana expresa y exclusivamente para dedicarse a los negocios de banca, y las sucursales o agencias de instituciones bancarias extranjeras, debidamente autorizadas para tales operaciones en el país de origen, podrán ser autorizadas para los efectos del artículo 10.

El Superintendente de Bancos y la Junta Monetaria requerirán de todo solicitante la presentación de los datos e informaciones que consideren necesarios. Cuando se trate de una solicitud para la apertura de un nuevo banco, requerirán especialmente;

a) El nombre y apellido o la designación comercial, la profesión, el domicilio, la nacionalidad de los fundadores u organizadores;

b) La denominación de la compañía;

c) Las operaciones que se propone realizar;

d) El domicilio legal y la localidad en que la oficina central, la sucursal o agencia tendrán su asiento;

e) El monto del capital pagado con que el que la compañía comenzará sus operaciones públicas;

f) Una copia de los estatutos y de sus enmiendas o modificaciones, el número de los directores, sus nombres y apellidos, profesión, domicilio y nacionalidad, el número de acciones poseídas por los mismos, y la fianza prestada o la prenda constituida en garantía del buen desempeño de sus funciones.

g) El nombre y apellido, profesión, domicilio y nacionalidad de sus funcionarios ejecutivos y fiscalizadores.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 10 y en el presente artículo las entidades oficiales de crédito creadas o que se crearen por leyes especiales dentro del régimen legal de la moneda y de la banca, así como las sucursales de bancos extranjeros que operen actualmente en la República.

ARTICULO 12.- Cuando se trate del establecimiento de una sucursal o agencia de un banco extranjero, que no sea uno de los bancos extranjeros ya establecidos en la República, se exigirán además de los requisitos enumerados en el artículo 11, dos copias debidamente legalizadas de los siguientes documentos:

a) el acto constitutivo y los estatutos en el país de origen;

b) la autorización legal que ampara su existencia en el país de origen;

c) la prueba de que el banco puede legalmente, de conformidad con sus estatutos y con las leyes del país de origen, establecer sucursales y agencias en la República;

d) el nombre del representante o representantes legales, encargados de la administración de la sucursal o agencia en la República, y sus facultades y poderes;

e) los balances generales, y las memorias anuales del banco correspondientes a los últimos 5 años o a los años que lleva de existencia si fuesen menos;

f) la declaración del capital y reservas, asignado a la sucursal para sus propias operaciones;

g) la Gaceta Oficial contentiva del decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la fijación de domicilio de la institución en la República.

ARTÍCULO 13.- Antes de concederse la autorización solicitada para los efectos del Artículo 10, la Junta Monetaria se cerciorará mediante las investigaciones que considere necesario efectuar, de que;

a) el interés público y las condiciones económicas generales y legales justifican la concesión de la autorización solicitada;

b) la seriedad, la responsabilidad y otras calificaciones de los solicitantes inspiran confianza.

El aviso de constitución de una compañía por acciones formada con el propósito de dedicarse a negocios bancarios deberá contener, además del extracto requerido por el Artículo 42 del Código de Comercio, la mención de la autorización de la Junta Monetaria requerida en el Artículo 10 de esta ley, así como los datos indicados en el artículo 11.

ARTÍCULO 14.- Las decisiones de la Junta Monetaria contentivas de las autorizaciones que dicte en virtud del Artículo 10 serán publicadas en la Gaceta Oficial, y por lo menos, en un diario de circulación nacional, con un extracto de los datos enumerados, según el caso, en los artículos 11 y 12 de la presente ley.

ARTICULO 15.- Antes de iniciar sus operaciones, las sucursales o agencias de los bancos extranjeros, que en adelante se establezcan en el país, deberán demostrar la radicación en el país del capital y las reservas que les hayan sido asignados, de acuerdo con lo que en cada caso resuelva la Junta Monetaria.

ARTICULO 16.- Las sucursales o agencia e los bancos extranjeros establecidos en la República o que en adelante se establezcan, no estarán obligados a tener un directorio para la administración de sus negocios dentro del territorio de la República, pero dichos bancos deberán tener uno o mas mandatarios domiciliados en la República bajo la responsabilidad directa de la casa matriz y ejecutar en su nombre las operaciones ordinarias dentro de las atribuciones de la sucursal o agencia.

ARTÍCULO 17.- Los activos que tengan en la República los bancos extranjeros incluidos los que representan el capital y las reservas de las sucursales o agencias, responderán preferencialmente a las obligaciones de dichos bancos en la República.

 

CAPÍTULO III

CAPITAL Y RESERVAS

 

ARTICULO 18.- En cualquier tiempo en que la proporción de capital pagado y reservas de un banco se reduzca a menos de un 10% de su activo, excluido el encaje y demás efectivos, así como los depósitos del banco en bancos del exterior, o cuando dicho capital y reservas se redujera del mínimo de RD$110,000.00 señalado en el artículo siguiente, el Superintendente de Bancos, con la aprobación de la Junta Monetaria, deberá disponer que una parte o toda la utilidad neta del banco se incorpore a las reservas, y limitar y prohibir la realización de nuevos préstamos o inversiones hasta llegar a la proporción requerida, siempre que ello, a juicio de la Junta Monetaria, no contribuya a acentuar tendencias deflacionarias.

Cuando un banco, por motivos atinentes a su propia gestión e independientes de la situación económica general, tuviere una deficiencia grave y persistente de dicha proporción, y no presentare al Superintendente de Bancos un plan satisfactorio para eliminarla en un tiempo prudencial, éste podrá pedir, con la aprobación de la Junta Monetaria, la liquidación de tal banco a la autoridad judicial competente.

A las sucursales de bancos extranjeros existentes en el país a la fecha de la promulgación de esta ley, se les acuerda un plazo de hasta diez años, prorrogable por la Junta Monetaria, después de oír la opinión del Superintendente de Bancos, por cinco años más, para que su capital y reservas alcancen la proporción mínima que establece el presente artículo. Durante la vigencia de dicho plazo, se referirán al capital de sus casas matrices en todas aquellas disposiciones de esta ley que se relacionan con el capital de los bancos.

ARTICULO 19.- Cualquier banco que se establezca en lo adelante deberá integrar, antes de iniciar sus operaciones, un capital no menor de RD$100,000.00, mas un fondo de reserva no menor del 20% de su capital. La Junta Monetaria podrá además, exigir un aumento del capital en relación al número de sucursales que dicho banco se proponga establecer.

 

CAPÍTULO IV

DEPÓSITOS Y ENCAJES LEGALES

 

ARTÍCULO 20.- El término "depósito a la vista" designará todos los depósitos exigibles a la vista por cheque.

El término "depósito de ahorro" designará los depósitos que nos sean exigibles a la vista por cheque, que se hagan bajo esa designación y estén sujetos a disposiciones especiales en cuanto a su monto, interés o extracciones. El Superintendente de Bancos podrá establecer normas uniformes para estos depósitos, salvo en lo relativo a la fijación de tasas de interés reservadas a la Junta Monetaria.

El término "depósitos a plazo" designará todos los depósitos que se hagan por un plazo fijo o por un plazo indefinido con la condición de no ser retirados sino mediante un aviso previo.

El término "depósito especiales" designará todas las obligaciones de depósito que no sean depósitos a la vista, de ahorro o a plazo.

En ningún caso un banco puede pagar intereses sobre depósitos a la vista.

ARTÍCULO 21.- En caso de quiebra o liquidación de un banco los depósitos de ahorro tendrán privilegio hasta RD$1,000.00 por persona o entidad sobre la generalidad de los activos de dicho banco, inmediatamente después de las otras categorías de crédito privilegiados que puedan existir en conformidad con las leyes y de aquellos que estén garantizados por afectaciones especiales. Los depósitos de sociedades mutualistas o cooperativas tendrán el mismo privilegio hasta RD$3,000.00.

ARTICULO 22.- Todo banco comercial, privado u oficial, nacional o extranjero, deberá mantener encajes legales en la proporción y forma indicadas por la Junta Monetaria, de conformidad con los artículos 55 y siguientes de la Ley Orgánica del Banco Central.

Las existencias de billetes y monedas que un banco con la autorización de la Junta Monetaria mantenga como parte de su encaje legal, deberán ser revisadas por el Superintendente de Bancos por lo menos una vez por semestre, de acuerdo con el inciso e) del artículo 5 de esta ley, no obstante lo dispuesto en el artículo 33 de la misma.

En la misma forma y condiciones deberán ser revisados los valores del Estado que un banco tenga en su cartera en las circunstancias indicadas en el inciso e) del artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco Central.

Los depósitos a cargo de las oficinas, sucursales o agencias que tenga un banco en el país serán considerados en su conjunto para el cálculo de los encajes legales.

ARTÍCULO 23.- El encaje legal se calculará sobre la base de los depósitos de cada día, en la forma que determine la Junta Monetaria. Sobre las deficiencias que se produjeren el banco responsable pagará al Banco Central un décimo del uno por ciento por día, suma que ingresará a un fondo destinado a coadyuvar en los gastos en que incurra la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, la Junta podrá determinar que las deficiencias que se produjeren en uno o mas días se compensen con los excesos de otros días, dentro de un período prudencial fijado por la misma.

En el caso en que un banco tuviere deficiencias prolongadas o repetidas de encaje legal, la Junta Monetaria podrá limitarle o prohibirle la realización de nuevos préstamos o inversiones y disponer que parte o toda la utilidad neta del ejercicio en que ocurriere la deficiencia, se destine a fortalecer la situación del banco.

Si la deficiencia fuere grave y persistente y el banco en defecto no presentare medidas satisfactorias para corregirla en un tiempo prudencial, el Superintendente de Bancos con la aprobación de la Junta Monetaria, podrá solicitar la liquidación de tal banco a la autoridad judicial competente.

 

CAPÍTULO V

OPERACIONES BANCARIAS

 

ARTÍCULO 24.- Los bancos podrán efectuar las operaciones de carácter bancario y los demás negocios que ordinariamente realizan las empresas bancarias, siempre que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. El Superintendente de Bancos hará uso de las facultades que le otorga esta ley para resolver cualquier duda sobre el carácter o propiedades de la operación.

ARTÍCULO 25.- Se prohíbe a todo banco, sucursal o agencia bancaria establecidos en la República;

a) adquirir o conservar en forma permanente bienes raíces que nos sean necesarios para el uso del banco, de sus sucursales o agencias. Los bienes raíces que se encuentren bajo el dominio de un banco a la fecha de la promulgación de esta ley, y que no estén destinados a su uso propio, así como los que fueren transferidos a un banco en pago de deudas o adquiridos para la protección de sus créditos, deberán ser enajenados dentro de un plazo no mayor de 2 años, el cual podrá ser extendido por la Junta Monetaria, previo dictamen del Superintendente de Bancos.

b) Conceder préstamos con garantías hipotecarias por montos que excedan el 50% del valor comercial de las propiedades ofrecidas en garantía, deducción hecha de todo otro gravamen, o con garantía hipotecaria que nos sea del primer rango, a menos que dichas garantías tengan un carácter subsidiario.

c) Conceder préstamos sin garantías reales o personales por sumas mayores de mil pesos sin tener en cuenta una manifestación de bienes correspondiente a una fecha adecuada, a menos que el Banco posea información fidedigna sobre la condición del solicitante que a su juicio pueda suplir dicha manifestación de bienes.

d) Extender créditos en cualquier forma a cualquier persona o entidad privada por un monto total que exceda el 20% del capital pagado y reservas del Banco. Este límite podrá ser aumentado al 30% cuando dicho aumento esté representado por obligaciones en forma de documentos negociables emitidos contra una efectiva provisión de fondos o que amparen la propiedad de verdaderos valores existentes o que lleven dos firmas responsables o estén garantizados con valores, mercancías, frutos pendientes o cosechados, o efectos de fácil realización y segura conservación. Sin embargo, previa autorización del Superintendente de Bancos, dicho límite de 30% podrá ser elevado al 50%. Los bancos extranjeros que operen en la República podrán tomar en cuenta, para los fines del presente inciso, el capital de su casa matriz. En los límites indicados deben comprenderse todas las obligaciones de cualquier clase, principales o accesorias, directas o indirectas o subsidiarias, o en forma de acciones de sociedad, a cargo de una misma persona o entidad, a excepción de las provenientes de abonos en cuenta corriente por cheques a cargo de otros bancos. En el caso de obligaciones de sociedades de cualquier naturaleza, se incluirán todas las obligaciones de las sociedades subsidiarias en las mismas, y en las que éstas las de su sociedad principal. Se entenderá por subsidiara cualquier sociedad en la que otra sociedad controle, por cualquier medio, el poder de decisión de aquellas;

e) Conceder préstamos, directa o indirectamente:

1) Con el objeto de capacitar a una persona para pagar total o parcialmente el precio de la suscripción de acciones del propio banco, quedando exentos de esta disposición los Vales Certificados de Tesorería que el Estado haya emitido con ese fin o pueda emitir en futuro en virtud de disposiciones legales;

2) Con garantía de sus propias acciones;

3) Con garantía de acciones de otros bancos en exceso del 15% del capital pagado y reservas de dichos bancos o de su propio capital pagado y reservas;

f) Conceder directa o indirectamente préstamos a cualquiera de sus directores o empleados, salvo con la aprobación de la directiva del banco o cuando se trate de sucursales de bancos extranjeros radicados en el país, con la aprobación del principal funcionario ejecutivo, debiendo este último tener la aprobación de la casa matriz para los préstamos que se le concedan. Cuando el total de los préstamos hechos a cualquiera de dichos directores o empleados exceda del 5% del capital pagado y reservas del banco, se avisará inmediatamente al Superintendente de Bancos. No estarán sujetos a estas restricciones los préstamos de menor cuantía garantizados con la participación del empleado en fondos de asistencia establecidos por el banco de que se trate y sometido a reglamentaciones especiales aprobadas por su directiva.

g) Dar fianzas o contraer obligaciones por montos indeterminados, salvo los casos autorizados, por el Superintendente de Bancos;

h) Comprar valores emitidos o garantizados por el Estado dominicano por un monto que, sumado al de los préstamos o inversiones hechas bajo las autorizaciones contenidas en los incisos c, d) y e) del artículo 26, excedan del total del capital y reservas del banco más los depósitos de ahorro y a plazo fijo, y fondos tomados a plazos de más de un año. Sin embargo, cuando se trate de los Bonos del Tesoro emitidos de conformidad con la ley, dicho límite podrá ser aumentado en un 15% de los depósitos a la vista del banco y, con la aprobación unánime de la Junta Monetaria, en un 25%.

ARTICULO 26.- Prohíbase, además, a los bancos comerciales;

a) Tomar a su cargo la administración de los bienes de sus deudores morosos por un plazo mayor de 2 años, pudiendo este plazo ser aumentado por decisión de la Junta Monetaria en casos especiales, previo el dictamen del Superintendente de Bancos;

b) participar directa o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase, salvo las compras de los valores estipulados en el inciso c) de este artículo. Las participaciones que los bancos tuvieren en la fecha de esta ley o que adquieren en defensa de sus créditos deberán ser liquidadas dentro de un plazo de 2 años, pudiendo este plazo ser aumentado por decisión de la Junta Monetaria en casos especiales, previo el dictamen del Superintendente de Bancos.

c) Comprar acciones u obligaciones de otras empresas cuyo monto nominal exceda del 20% del capital pagado y reservas de cada empresa individual. El valor en los libros del banco de las acciones y obligaciones de cada empresa privada no podrá exceder del 10% del capital pagado y reservas del propio banco, y el valor total en los mismos libros del conjunto de acciones y obligaciones de empresas privadas que un banco tuviere en su portafolio no podrá exceder del 15% del capital pagado y reservas de dicha banco, a menos que tales acciones y obligaciones hayan sido adquiridas en defensa de créditos. Se requerirá la autorización del Superintendente de Bancos para tales inversiones. El Superintendente de Bancos podrá exceptuar de estas limitaciones las obligaciones de reconocida solidez y solvencia que se coticen en bolsas internacionales y acciones de compañías de cajas de seguridad o de almacenes de depósito cuyas operaciones estén íntimamente ligadas a las del banco que solicite la autorización. Los bancos que a la fecha de esta ley tuvieren inversiones en acciones u obligaciones de empresas privadas por un monto superior a los límites establecidos y los que recibieren tales valores en defensa de créditos, tendrán un plazo de 2 años para ajustarse a los requisitos legales, pudiendo este plazo ser aumentado por decisión de la Junta Monetaria en casos especiales, previo el dictamen del Superintendente de Bancos;

d) Conceder préstamos por plazos mayores de 3 años salvo con la autorización del Superintendente de Bancos o con garantía de bienes inmuebles, y la condición de que el total de dichos préstamos, sumado al de las inversiones en las acciones u obligaciones a que se refiere el párrafo c) no excedan en ningún caso del capital pagado y reservas del banco y siempre que dichos préstamos no tengan un plazo mayor de cinco años; entendiéndose que tales préstamos serán amortizados por cuotas uniformes por períodos que no excedan de un año, dentro del término convenido para los mismos;

e) Conceder préstamos de cualquier clase por plazos mayores de un año pero menores de 3 años, a menos que dichos préstamos, sumados a los préstamos e inversiones a que se refieren los incisos c) y d) de este artículo y el inciso h) del artículo 25, no excedan los límites indicados en este último inciso.

f) Certificar cheques sin que el girado tenga suficiente provisión de fondos en su cuenta con el banco.

ARTICULO 27.- La violación de las disposiciones de esta ley en la realización de una operación bancaria no causará la nulidad de dicha operación.

ARTICULO 28.- Cuando el Superintendente de Bancos lo estime necesario, podrá obligar a los bancos a ajustar sus inversiones a su valor comercial, a eliminar las partidas que no representen valores reales y a disminuir prudencialmente el valor de las dudosas, o a constituir reservas para ellas. En caso de que las pérdidas que un banco haya sufrido produzcan el agotamiento completo de las reservas y superávit de una reducción del capital al 50%, el Superintendente de Bancos, con la aprobación de la Junta Monetaria, podrá solicitar a la autoridad judicial competente, cuando no considere satisfactorias las medidas del saneamiento propuestas por tal banco, la liquidación del mismo.

ARTICULO 29.- El ejercicio financiero anual de los bancos se establecerá con la aprobación del Superintendente de Bancos.

 

CAPITULO VI

BALANCES E INFORMES

 

ARTICULO 30.- Será obligación de los bancos, publicar, en la forma y en la fecha prescritas por el Superintendente de Bancos, sus balances anuales correspondientes al cierre de su ejercicio financiero.

Los bancos extranjeros publicarán el balance correspondiente a sus operaciones en el país.

Los bancos además publicarán un estado condensado de sus operaciones al final de cada trimestre.

ARTICULO 31.- Todo banco presentará mensualmente al Superintendente de Bancos un estado confidencial y detallado de sus operaciones en la forma prescrita por aquel y suministrará, además, cualquier información aclaratoria o ampliatoria que le requiere. Estos informes serán firmados por el oficial ejecutivo principal y por el jefe de contabilidad o sus sustitutos autorizados y demostrar el estado en la fecha del cierre mensual de las operaciones y deberán llegar al Superintendente dentro de los 20 días siguientes a dicha fecha.


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